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Recuento de votos en Ecuador: entre la legitimidad institucional y la madurez democrática.

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Por: Dayana León

@DayanaLeonF

Es muy difícil ser objetiva e imparcial cuando los últimos años de tu vida profesional lo has dedicado a trabajar desde la institucionalidad electoral, sobre todo, cuando has podido constatar el progresivo fortalecimiento de un organismo que garantiza procesos democráticos en Ecuador. ¡Quién mejor que un servidor o servidora electoral para saber qué pasa al interior de su lugar de trabajo y bajo qué fundamentos éticos se enfocan todas sus acciones!

El hecho más reciente que merece un análisis de forma integral fue el proceso de recuento de cerca de 1,3 millones de votos; tras una Resolución del Pleno del CNE donde se dispuso la diligencia de apertura de paquetes electorales y verificación de votos escrutados por las Juntas Receptoras del Voto de 3865 actas, conforme a las peticiones de la Alianza CREO-SUMA y Movimiento PAIS: organizaciones políticas correspondientes a los dos binomios presidenciales que participaron en la segunda vuelta, el pasado 2 de abril.

El recuento se realizó el 18 de abril pasado en el Coliseo General Rumiñahui mediante 177 mesas, integradas por servidores y servidoras electorales que mostraron con compromiso la alta capacidad técnica, de seguridad y operativa del proceso, que fue ampliamente observado por delegados de Misiones de Observación Internacional como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (AWEB).

En las mesas estuvieron presentes delegados del Movimiento PAÍS, sin embargo, la Alianza CREO-SUMA jamás llegó a contar los votos de las actas objetadas por ellos mismos; lo que puso en duda la madurez política y democrática de sus líderes y militancia.

Durante el cierre de la jornada, el Presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo Bahamonde fue muy claro, luego de señalar que han sido ratificados los resultados proclamados por el CNE, dijo que “lo único que ha triunfado aquí es la verdad, la honra, la dignidad y la democracia”.

Con todos los antecedentes, existe en efecto un análisis que parte de dos premisas fundamentales: la primera es sobre la legitimidad de una institucionalidad electoral que ha trabajado por el respeto a las decisiones de los ecuatorianos y las ecuatorianas en las urnas, cumpliendo con todos los plazos legales y normativos, y resolviendo las objeciones; y la segunda, es la falta de madurez política de ciertos actores que, en su afán de no aceptar la voluntad ciudadana, cuestionan a la organización de un Estado y prefieren resolver sus reclamos por las vías no institucionales.

No es secreto para nadie que ha existido un permanente intento de deslegitimación a la institucionalidad electoral ecuatoriana, eso nos da la medida que queda mucho por hacer para que ciertos actores alcancen la madurez política y democrática. Como diría el titular del CNE, Juan Pablo Pozo Bahamonde: “son los que prefieren el Estado de Opinión y no el Estado Constitucional de Derechos y Justicia”.

Creo que en las Elecciones Generales de 2017 en Ecuador efectivamente hay ganadores y perdedores, pero no en las urnas, sino en la capacidad crítica de asumir los aciertos y desaciertos. Quien ganó en este proceso fue la sociedad ecuatoriana, que sabe bien que su voto fue respetado; quienes perdieron han sido los que jamás tuvieron la capacidad de asumir con humildad los resultados y los retos: pensaron únicamente en una elección, pero se olvidaron de dejar un legado de dignidad para sus adherentes políticos.

No asistir al recuento de sus propios votos, no solo evidenció la falta de madurez política de sus líderes, sino la irrisoria solidez de sus acciones y determinaciones. Esa es la mayor deuda que la Alianza CREO-SUMA tiene con Ecuador y la democracia.

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